La industria de EE UU mantiene España en la lista negra de la piraterÃa.
Un informe exige más diligencia de las autoridades para combatir a los ladrones de contenidos creativos.
Nuevo rapapolvo de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) a España. La IIPA es una coalición privada, creada en 1984, que agrupa a entidades norteamericanas que defienden los intereses de la industria de su paÃs. En este grupo de presión figuran, por ejemplo, la RIAA y la MPAA, que representan a la industria discográfica y cinematográfica estadounidense.
En el informe, se afirma que es necesario un liderazgo más activo de las autoridades españolas en el combate contra la piraterÃa. Esta lucha contra los ladrones de contenidos creativos ha de reforzar el papel de la ley, defender la herencia cultural española y expandir las oportunidades económicas.
Sólo hay un punto en el que se aprecian progresos, y es en la lucha contra la piraterÃa en el sector del software. La BSA se felicita de una campaña con el ministerio de Industria que ha permitido reducir los Ãndices de piraterÃa en los canales de distribución, aunque permancen altos en las empresas y en el uso doméstico.
El informe da una serie de recomendaciones para proteger mejor a la industria de contenidos. Una de ellas es anular la circular del Fiscal General de 2006 en el que no se considera delito penal el intercambio de archivos P2P sin ánimo de lucro. También propone incrementar el personal de las fuerzas policiales que luchan en este frente y facilitar que los propietarios de derechos puedan obtener información de las operadoras para iniciar demandas civiles contra quienes vulneren sus derechos.
Mejorar la colaboración con los gobiernos regionales, formar a jueces y magistrados en el conocimiento de las leyes de la propiedad intelectual y el impacto de la piraterÃa, son otros de los consejos que enumera.
En el plano legislativo apoya una entrada en vigor rápida de la Ley de EconomÃa Sostenible que contempla el cierre de webs que ofrezcan enlaces a contenidos protegidos y desarrollar una legislación que contemple la obligación de las operadoras de combatir el almacenamiento o transmisión de contenido ilegal, entre otras iniciativas.
El informe hace un voluminoso despliegue de datos para apoyar sus crÃticas a la debilidad gubernamental en la lucha contra la piraterÃa. Cita, por ejemplo, que un 32% de los internautas emplea programas P2P para la descarga ilegal de música y señala que el año pasdo 114 pelÃculas fueron pirateadas en los cines españoles, donde se obtuvieron las pistas de audio e imagen para distribuir posteriormente en Internet. Unas copias que también llegan a los paÃses de habla hispana de Suramérica.
El documento elabora una serie de listas. En la de vigilancia prioritaria aparecen Argentina, Canadá, Chile, India, China, Rusia y México, entre otros. España aparece incluÃda en una segunda lista de vigilancia que incluye a paÃses como Egipto, Grecia, Israel, Italia, Poloniay TurquÃa.
Nuevo rapapolvo de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) a España. La IIPA es una coalición privada, creada en 1984, que agrupa a entidades norteamericanas que defienden los intereses de la industria de su paÃs. En este grupo de presión figuran, por ejemplo, la RIAA y la MPAA, que representan a la industria discográfica y cinematográfica estadounidense.
En el informe, se afirma que es necesario un liderazgo más activo de las autoridades españolas en el combate contra la piraterÃa. Esta lucha contra los ladrones de contenidos creativos ha de reforzar el papel de la ley, defender la herencia cultural española y expandir las oportunidades económicas.
Sólo hay un punto en el que se aprecian progresos, y es en la lucha contra la piraterÃa en el sector del software. La BSA se felicita de una campaña con el ministerio de Industria que ha permitido reducir los Ãndices de piraterÃa en los canales de distribución, aunque permancen altos en las empresas y en el uso doméstico.
El informe da una serie de recomendaciones para proteger mejor a la industria de contenidos. Una de ellas es anular la circular del Fiscal General de 2006 en el que no se considera delito penal el intercambio de archivos P2P sin ánimo de lucro. También propone incrementar el personal de las fuerzas policiales que luchan en este frente y facilitar que los propietarios de derechos puedan obtener información de las operadoras para iniciar demandas civiles contra quienes vulneren sus derechos.
Mejorar la colaboración con los gobiernos regionales, formar a jueces y magistrados en el conocimiento de las leyes de la propiedad intelectual y el impacto de la piraterÃa, son otros de los consejos que enumera.
En el plano legislativo apoya una entrada en vigor rápida de la Ley de EconomÃa Sostenible que contempla el cierre de webs que ofrezcan enlaces a contenidos protegidos y desarrollar una legislación que contemple la obligación de las operadoras de combatir el almacenamiento o transmisión de contenido ilegal, entre otras iniciativas.
El informe hace un voluminoso despliegue de datos para apoyar sus crÃticas a la debilidad gubernamental en la lucha contra la piraterÃa. Cita, por ejemplo, que un 32% de los internautas emplea programas P2P para la descarga ilegal de música y señala que el año pasdo 114 pelÃculas fueron pirateadas en los cines españoles, donde se obtuvieron las pistas de audio e imagen para distribuir posteriormente en Internet. Unas copias que también llegan a los paÃses de habla hispana de Suramérica.
El documento elabora una serie de listas. En la de vigilancia prioritaria aparecen Argentina, Canadá, Chile, India, China, Rusia y México, entre otros. España aparece incluÃda en una segunda lista de vigilancia que incluye a paÃses como Egipto, Grecia, Israel, Italia, Poloniay TurquÃa.